La Corte Suprema de Tennessee fijó la fecha para la ejecución de Christa Gail Pike, la única mujer actualmente en el corredor de la muerte del estado, condenada por un asesinato cometido en 1995. Si la sentencia se cumple, será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos, un hecho que ha reavivado el debate nacional sobre la pena de muerte, la equidad judicial y los sesgos de género en el sistema penal estadounidense.

Pike, de 49 años, fue declarada culpable por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años a quien torturó y asesinó en el campus del Instituto Técnico de la Universidad de Tennessee cuando ambas eran estudiantes del mismo programa. La investigación reveló que Pike, acompañada por su entonces pareja y otra cómplice, atrajo a Slemmer a un área boscosa, la agredió durante media hora, le grabó un pentagrama en el pecho y finalmente la mató con un pedazo de asfalto. Posteriormente, según el expediente judicial, conservó un fragmento del cráneo de la víctima como trofeo.

La crueldad del crimen marcó el juicio y determinó que el jurado emitiera una sentencia de muerte, pese a la corta edad de la acusada, 18 años al momento del homicidio. Desde entonces, Pike ha pasado casi tres décadas en prisión, con múltiples apelaciones rechazadas. El Tribunal Supremo estatal ha establecido que la ejecución se realice el 30 de septiembre de 2026, a menos que nuevas acciones legales logren suspender el procedimiento.

El caso ha adquirido relevancia histórica y política. Tennessee no ha ejecutado a una mujer desde el siglo XIX, y a nivel nacional, los casos de condenadas a muerte son excepcionales. De acuerdo con el Death Penalty Information Center, menos del 2 % de las personas sentenciadas a la pena capital en Estados Unidos son mujeres, y aún menos llegan a ser ejecutadas.

Diversas organizaciones de derechos humanos y activistas contra la pena de muerte han criticado la decisión, calificándola como un retroceso ético. Alegan que Pike sufrió una infancia marcada por abusos físicos, negligencia y episodios de violencia sexual, factores que no fueron debidamente considerados durante su juicio. Su defensa ha insistido en que presenta trastornos de salud mental no tratados y que su historial debió ser motivo para conmutar la pena.

El gobierno de Tennessee, sin embargo, sostiene que el crimen fue de una brutalidad excepcional y que el proceso judicial cumplió con todas las garantías. En su sentencia, los jueces argumentaron que los años transcurridos no anulan la validez de la condena ni el derecho del Estado a hacerla efectiva.

La decisión llega en un contexto nacional de revisión sobre la pena de muerte. En 2024, seis estados, entre ellos California y Ohio, suspendieron ejecuciones por razones humanitarias o técnicas, mientras otros, como Texas y Alabama, han retomado su aplicación. Tennessee, en particular, mantiene una política de endurecimiento punitivo que ha sido cuestionada incluso por juristas conservadores.

La ejecución de Christa Pike, si se concreta, reabrirá una herida histórica en un país donde la justicia capital ha sido objeto de debate por su arbitrariedad, su costo y su efectividad. Más allá del crimen, el caso se ha convertido en un espejo de las tensiones morales que atraviesan a Estados Unidos: entre la necesidad de justicia y el límite del castigo, entre el derecho a la vida y la lógica del Estado que la extingue.