El Gobierno de Estados Unidos anunció la revocación o restricción de visas para funcionarios, exfuncionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes señala por presuntas actividades relacionadas con corrupción, narcotráfico o acciones que, según Washington, afectan a gobiernos elegidos democráticamente.
La medida alcanza a 27 personas y sus familiares. Entre los señalados se encuentran fiscales, jueces, magistrados, policías y empresarios. En Bolivia fueron incluidos más de 20 funcionarios y exfuncionarios, mientras que Colombia, Ecuador y Perú también aparecen en la lista.
Entre los casos destacados está el del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien el Departamento de Estado acusa de utilizar su cargo para solicitar y aceptar sobornos con el propósito de facilitar actividades de narcotráfico y favorecer a personas vinculadas con delitos violentos. Estas acusaciones corresponden al Gobierno estadounidense.
En Colombia fueron señalados la senadora Martha Isabel Peralta y el empresario Euclides Antonio Torres. En Perú fue incluido el magistrado Juan Carlos Núñez, mientras que Estados Unidos no identificó públicamente a los dos ciudadanos ecuatorianos afectados por la medida.
El Departamento de Estado indicó que las restricciones se aplican bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad y forman parte de los compromisos de la iniciativa Escudo de las Américas. La política contempla restricciones para ciudadanos extranjeros y familiares directos cuando Washington considera que sus actividades afectan a gobiernos democráticamente electos mediante corrupción o narcotráfico.
La decisión fue anunciada este lunes 28 de septiembre de 2026 y representa una nueva medida del Gobierno de Donald Trump para utilizar las restricciones migratorias como instrumento contra funcionarios señalados por actividades ilícitas.