El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra ocho funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, así como cinco entidades estatales, al considerar que facilitaron la cooperación militar de Cuba con países considerados adversarios de Washington y participaron en la adquisición de armamento para las fuerzas armadas de la isla.
El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que las medidas buscan proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y aumentar la presión sobre las estructuras que respaldan al gobierno cubano. Las sanciones implican el bloqueo de bienes e intereses sujetos a la jurisdicción estadounidense, además de restringir operaciones financieras con personas y empresas estadounidenses.
Entre las entidades sancionadas se encuentran Tecnoimport, Duna S.A., la Unión de Industria Militar, la empresa militar industrial Yuri Gagarin y Tecnotex, esta última vinculada al conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), una organización que ya había sido objeto de sanciones por parte de Washington.
La administración de Donald Trump sostiene que estas organizaciones participan en el fortalecimiento de la capacidad militar cubana y contribuyen a mantener relaciones de defensa con gobiernos considerados estratégicos por La Habana. Las nuevas restricciones forman parte de una estrategia más amplia para incrementar la presión económica y política sobre el gobierno cubano.
Desde mayo de 2026, Estados Unidos ha ampliado de forma progresiva las sanciones contra funcionarios, empresas estatales y sectores estratégicos de la economía cubana, incluyendo energía, minería, servicios financieros y turismo. Estas acciones se suman al embargo económico vigente desde hace más de seis décadas y a otras medidas dirigidas contra GAESA y empresas controladas por las Fuerzas Armadas.
Las autoridades cubanas han rechazado reiteradamente este tipo de sanciones al considerar que agravan la situación económica de la isla, mientras que Washington sostiene que buscan limitar las capacidades del aparato estatal y militar del país.