El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes nuevas restricciones de visa contra más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares, a quienes señala de respaldar al gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras la muerte bajo custodia estatal del líder indígena y opositor Brooklyn Rivera.

La medida fue dada a conocer por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien responsabilizó al gobierno nicaragüense por el fallecimiento del dirigente miskito, ocurrido el pasado mes de mayo mientras permanecía detenido.

“Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera”, expresó Rubio en un comunicado oficial.

Rivera, exlegislador y una de las figuras más representativas de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, permanecía encarcelado desde 2023. De acuerdo con el Ministerio de Salud nicaragüense, falleció a los 73 años a consecuencia de una infección bacteriana derivada de complicaciones relacionadas con la Covid-19.

El Departamento de Estado informó que las nuevas sanciones migratorias alcanzan a más de un centenar de funcionarios vinculados con la administración nicaragüense, quienes, según Washington, continúan ejecutando políticas que favorecen la permanencia del actual régimen.

Con esta decisión, la cifra de funcionarios nicaragüenses y familiares sujetos a restricciones de visado por parte de Estados Unidos supera ya las 2 mil 350 personas, como parte de las medidas adoptadas en los últimos años contra integrantes del gobierno de Nicaragua.

Rubio reiteró además el respaldo de Washington a los sectores opositores y defensores de los derechos humanos en ese país. “Estados Unidos se solidariza con el pueblo nicaragüense que, al igual que Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre”, señaló.

Las nuevas sanciones se suman a la creciente presión internacional sobre el gobierno de Ortega y Murillo, señalado por organismos de derechos humanos y gobiernos occidentales por presuntas violaciones a las libertades políticas y civiles, acusaciones que las autoridades nicaragüenses han rechazado reiteradamente.