La tensión entre Washington y Caracas alcanzó este miércoles un nuevo nivel. El gobierno de Estados Unidos confirmó el despliegue de tres destructores con sistema Aegis, el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, en aguas cercanas a Venezuela, acompañados de unos 4 000 marines y aeronaves de vigilancia.

El operativo, presentado como una ofensiva contra los carteles de droga que Washington ha catalogado como organizaciones terroristas, incluye además una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, a quien se acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles. La Casa Blanca subrayó que no reconoce a Maduro como presidente legítimo, lo que añade un componente político a la ofensiva militar y judicial.

La respuesta del gobierno venezolano fue inmediata. Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos en todo el país, en lo que describió como una defensa de la soberanía nacional frente a la amenaza de intervención extranjera.

Paralelamente, su administración prohibió el uso de drones en el espacio aéreo venezolano, recordando los intentos de magnicidio en su contra mediante dispositivos aéreos no tripulados. En la Asamblea Nacional, un acuerdo legislativo ratificó su respaldo al presidente y denunció que la narrativa de Washington busca fabricar un pretexto para desestabilizar la región.

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La confrontación militar se superpone con un giro en el ámbito judicial internacional. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se retiró del caso “Venezuela I”, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014 por el Estado venezolano.

El relevo queda en manos del vicefiscal Mame Mandiaye Niang, lo que abre un compás de espera sobre el futuro del proceso y enciende dudas entre víctimas y organizaciones de derechos humanos que temen un retroceso en la rendición de cuentas.

El giro resulta más notable si se recuerda que apenas semanas atrás se habían registrado señales de distensión, con la renovación de licencias para que Chevron siguiera operando en el país y con un intercambio de prisioneros que parecía abrir un espacio de diálogo. Hoy, en cambio, la dinámica bilateral avanza hacia la confrontación directa.

La región observa con inquietud. Gobiernos como los de Colombia y México advirtieron que una intervención militar sería un error que podría desatar una espiral de inestabilidad continental. La crisis, por tanto, no solo involucra a Caracas y Washington, sino que amenaza con arrastrar a la geopolítica regional hacia un nuevo escenario de fracturas y polarización.

El tablero combina así tres frentes: una escalada naval por parte de Estados Unidos, una movilización civil-militar masiva en Venezuela y un expediente internacional que entra en un momento de incertidumbre. A falta de un canal diplomático abierto, la crisis se mueve en un terreno frágil donde cada gesto, un despliegue, una prohibición o una renuncia, puede reconfigurar el curso de los acontecimientos.