En el último año de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará un paquete de iniciativas de reformas constitucionales al Congreso de la Unión el próximo 5 de febrero.

El mandatario adelantó que se tratan de al menos diez iniciativas y cambios importantes en materia político-electoral, pensiones, salario mínimo, industria eléctrica y Poder Judicial.

Además, dijo, también prepara una serie de propuestas para “blindar” los programas sociales que impulsó durante su Gobierno. Se trata del último intento del presidente para hacer pasar este “combo” de reformas, ya que su mandato concluirá oficialmente el próximo 30 de septiembre.

En el tema electoral, López Obrador planteará la desaparición de las candidaturas plurinominales, para reducir gastos de campaña, así como disminuir el número de diputados y senadores.

“Vamos a proponer más austeridad republicana porque empezamos con un plan de austeridad que nos ayudó mucho, pero pensamos que todavía podemos ahorrar más. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, declaró en una de sus conferencias matutinas.

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Asimismo, el presidente propuso una reforma al Poder Judicial que tendrá como principal eje que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular.

Así como la reducción de salario para que los integrantes de la Corte no puedan ganar más que el presidente.

A principios de 2024, el mandatario anunció que impulsará una propuesta para que los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE puedan recibir su sueldo completo al momento de su retiro y que no se reduzca a la mitad como ocurre actualmente.

Otra de sus iniciativas de reforma se refiere al aumento del salario mínimo para que los trabajadores no tengan un sueldo por debajo de la inflación.

Al respecto, propuso modificar los artículos 123 y 127 de la Constitución para poner un “candado” al aumento al salario mínimo, el cual pasó en su administración de 88 a 249 pesos.

También, el 5 de febrero volverá a enviar una reforma a la Constitución para instaurar la industria eléctrica como estratégica y de interés público, luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anulara la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 y la declarara inconstitucional.

Y finalmente, el presidente enviará una vez más su iniciativa para traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues aunque esta propuesta sí fue aprobada anteriormente en el Congreso, la SCJN la frenó mediante un recurso de revisión, al considerar inconstitucional la medida.