El cuerpo de Marycarmen B., de 26 años, fue encontrado semienterrado el pasado 15 de abril en un predio rústico de la comunidad de El Rodeo, al sur de Morelia.

Estaba en avanzado estado de descomposición. Presentaba signos evidentes de estrangulamiento y mutilación. Al momento del hallazgo, junto a ella había una lata de aerosol morado, un chip de teléfono celular y prendas de vestir, entre ellas unos tenis blancos.

No hubo operativo de búsqueda, no hubo reacción pública, no hubo seguimiento urgente. Solo el olor a muerte obligó a los vecinos a levantar la voz.

Marycarmen había sido vista por última vez el 7 de abril en Villas del Pedregal. Su desaparición fue reportada cinco días después. La Fiscalía activó la Alerta Alba, pero no fue suficiente. Como en tantos otros casos, la alerta llegó tarde y sin contundencia.

Este crimen no es un caso aislado, ni puede reducirse a una estadística más en los archivos judiciales. Es el más reciente capítulo de una crisis sostenida. En 2024, Michoacán acumuló 14 feminicidios.

De esos casos, al menos 4 ocurrieron en Morelia, según cifras del Secretariado Ejecutivo y reportes de Conavim. En lo que va de 2025, el estado suma seis feminicidios más, la mitad de ellos también en la capital. Las cifras no mienten. El problema está aquí, y sigue creciendo.

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Morelia, sede del poder estatal, centro político y administrativo, presume estructuras, presupuestos, discursos y conferencias sobre igualdad.

Pero basta caminar sus colonias periféricas o revisar sus carpetas judiciales para entender que en materia de violencia contra las mujeres, la ciudad va en reversa. Ni las rutas institucionales, ni las acciones preventivas, ni las redes de apoyo están funcionando con la velocidad ni la profundidad necesarias.

La violencia feminicida en esta ciudad no solo se expresa en los golpes o en los cuerpos abandonados. Se expresa también en la omisión de quienes debieron buscar a Marycarmen con urgencia, en la apatía de las autoridades municipales, en la precariedad de los mecanismos de reacción y en la frialdad institucional que permite que pasen días entre la denuncia y la acción.

Organizaciones feministas en Morelia lo han advertido desde hace años: el sistema sigue operando sin perspectiva de género, sin estrategias reales de prevención y sin justicia para las víctimas.

Lo que se encontró en El Rodeo no fue solo un cuerpo: fue la confirmación de que las alertas son letra muerta, que las fiscalías llegan tarde y que la capital michoacana, a pesar de todo lo que dice, no está protegiendo a sus mujeres.