El gobierno de Estados Unidos avanza en su estrategia de reforzar la frontera sur con México mediante la construcción de una barrera flotante de 27.3 kilómetros en el Río Bravo, entre el condado de Cameron, Texas, y la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

El proyecto, impulsado por órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, será adjudicado a finales de este año con recursos del presupuesto fiscal 2021 asignado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, firmó la sexta exención legal necesaria para acelerar el proyecto, que busca frenar el paso de migrantes irregulares, drogas y personas por rutas fluviales consideradas de alto riesgo. Según explicó la CBP, se ha identificado una “brecha de capacidad” en esa zona, por lo que la instalación de barreras físicas se considera urgente y prioritaria.

Estados Unidos sostiene que las nuevas barreras marítimas mejorarán la seguridad de sus agentes fronterizos y disuadirán a quienes buscan ingresar al país de manera ilegal a través del cauce del río.

La CBP argumentó que este tipo de obstáculos no solo tiene un impacto disuasivo, sino que también reduce riesgos para migrantes que atraviesan vías peligrosas.

Ante la urgencia declarada por las autoridades estadounidenses, se ha eximido al proyecto de cumplir con regulaciones ambientales, como las establecidas por la Ley de Política Ambiental Nacional.

Esta excepción legal permite acelerar los trabajos sin someterse a evaluaciones de impacto ambiental, con el argumento de que el resguardo de la frontera sur es una prioridad nacional.