EUA busca prohibir que niños indocumentados asistan a las escuelas
evangelio | 14 febrero, 2025

La política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó a los menores de edad, con varios estados impulsando medidas para prohibir su acceso a escuelas públicas.

En un giro significativo, Trump autorizó redadas migratorias en lugares anteriormente considerados sensibles, como escuelas e iglesias, generando reacciones divididas en el país.

Mientras que la ciudad de Denver presentó una demanda para evitar redadas en su distrito escolar, otros estados tomaron una dirección opuesta.

En Tennessee, legisladores republicanos apoyan la posibilidad de que los distritos escolares locales rechacen la inscripción de niños sin estatus legal.

“Las comunidades de Tennessee no deberían tener que pagar cuando el gobierno federal no asegura nuestras fronteras”, declaró el representante William Lamberth.

A la par, el gobernador Bill Lee firmó una ley que excluye a estudiantes indocumentados de ayudas económicas para estudiar en escuelas privadas.

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En Indiana, un proyecto de ley busca facultar a los distritos escolares para negar la inscripción a estudiantes sin documentos, asignando al fiscal general la responsabilidad de defender a las escuelas en caso de demandas.

La medida también obligaría a los colegios a informar sobre la cantidad de alumnos indocumentados, su asistencia, y los recursos destinados a la enseñanza bilingüe.

De manera similar, en Texas se presentó una iniciativa para registrar a estos estudiantes con el fin de solicitar un reembolso al gobierno federal por el costo de su educación.

Por otro lado, en Oklahoma, el superintendente estatal Ryan Walters ha propuesto que los estudiantes presenten pruebas de ciudadanía o estatus migratorio al inscribirse, aunque sin prohibir su matrícula.

No obstante, las escuelas estarían obligadas a realizar censos sobre la cantidad de alumnos indocumentados.

La medida fue aprobada por la Junta de Educación estatal, aunque el gobernador Kevin Stitt aseguró que buscará bloquearla, argumentando que la prioridad debe ser perseguir a quienes cometen delitos y no a los niños en edad escolar.

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