La reciente ley fiscal firmada por el presidente Donald Trump el 4 de julio canalizó 170 mil millones de dólares al control migratorio, convirtiendo a ICE en la agencia policial mejor financiada del gobierno federal.

El paquete incluye bonos, ascensos y estímulos por número de arrestos realizados, lo que ha detonado un sistema de incentivos basado en detenciones masivas.

Filtraciones internas y documentos revisados por El Universal revelan que agentes de ICE y CBP reciben pagos de hasta 7 mil 500 dólares por operativos de alta prioridad. Las bonificaciones escalan según número de arrestos semanales y colaboración interinstitucional, incluso en espacios protegidos como hospitales y universidades. Esta lógica ha generado una presión institucional intensa por cumplir metas diarias.

Diversas organizaciones han interpuesto demandas colectivas por violaciones al debido proceso, acusando al gobierno de instaurar un modelo que privilegia la cantidad sobre la legalidad. El sistema, aseguran expertos, rompe con principios constitucionales como la presunción de inocencia y fomenta detenciones por perfil racial o apariencia.

En medio del crecimiento presupuestal y la militarización de la frontera, agentes revelan padecimientos físicos y psicológicos provocados por la constante presión operativa. “La frontera es ahora una fábrica”, declaró una investigadora de derechos humanos. “El que más detiene, más gana; el que duda, queda fuera”.