La administración Trump transfirió a cientos de inmigrantes a El Salvador, a pesar de una orden judicial federal que prohibía temporalmente las deportaciones bajo una declaración de guerra del siglo XVIII dirigida a miembros de pandillas venezolanas.
El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una orden el sábado por la noche bloqueando las deportaciones, pero los abogados le informaron que ya había dos aviones con migrantes en el aire, uno con destino a El Salvador y el otro a Honduras.
El juez ordenó verbalmente que los aviones regresaran, pero aparentemente no lo hicieron y no incluyó la directiva en su orden escrita.
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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aliado del presidente Trump, reaccionó con un mensaje en redes sociales que sugería que las deportaciones continuaron a pesar de la orden judicial.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió las deportaciones argumentando que los migrantes eran miembros de la pandilla Tren de Aragua.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) expresó su preocupación y está investigando si las deportaciones a El Salvador violaron la orden judicial.
Por su parte, el gobierno de Venezuela rechazó el uso de la ley invocada por Trump para las deportaciones.
La administración Trump no ha revelado los nombres de los migrantes deportados ni ha proporcionado evidencia de que sean miembros del Tren de Aragua o hayan cometido delitos en Estados Unidos.