El Departamento de Estado de los Estados Unidos notificó al Congreso su intención de disolver la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) antes del 1 de julio de 2025.

El secretario de Estado, Marco Rubio, argumentó que la agencia se había alejado de su misión original y que es necesario reorientar los programas de ayuda exterior para alinearlos con los intereses nacionales de Estados Unidos.

Según el comunicado, se mantendrán únicamente aquellos programas que se consideren esenciales, como los de asistencia humanitaria, funciones sanitarias globales, inversiones estratégicas y algunos programas de seguridad nacional.

El objetivo de esta reestructuración es mejorar la efectividad de la ayuda exterior, promoviendo los intereses nacionales, protegiendo las fronteras y fortaleciendo alianzas clave.

No obstante, este cambio ha generado controversia, ya que USAID fue creada por el Congreso y su desmantelamiento sin la intervención de los legisladores podría generar acciones legales.

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El anuncio también incluye la eliminación de “sustancialmente todos los puestos no estatutarios” dentro de la agencia, como se notificó a los empleados de USAID a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Además, el pasado 10 de marzo, Rubio señaló que el 83 % de los programas de USAID ya habían sido cancelados, y se está en conversaciones con el Congreso para transferir el resto de los contratos al Departamento de Estado.

Sin embargo, en medio de este proceso, un tribunal federal de apelaciones anuló la orden de un juez que había solicitado la suspensión de los esfuerzos para desmantelar la agencia el 18 de marzo. Este revés judicial agrega complejidad a los esfuerzos del gobierno de reorganizar la ayuda exterior.