La Guardia Nacional de México inició una operación para frenar el flujo de fentanilo en la frontera con Estados Unidos, como parte del acuerdo alcanzado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump.

La operación, que incluye la inspección de vehículos en busca de drogas y otras mercancías ilegales, se lleva a cabo en el cruce fronterizo de Otay, en Tijuana, con la participación de decenas de agentes y perros entrenados para detectar sustancias prohibidas.

Esta medida se enmarca dentro del Operativo Frontera Segura, impulsado por el gobierno mexicano.

El foco principal de la operación es el fentanilo, un opioide sintético que ha generado preocupación tanto en México como en Estados Unidos debido a su alto potencial de abuso y a su implicación en el aumento de las muertes por sobredosis.

Fuentes de la Guardia Nacional indicaron que la presencia de los agentes está concentrada en la detección de este narcótico, con el objetivo de reducir su tráfico hacia el norte.

Las inspecciones se extenderán por los próximos 30 días, con la expectativa de que las autoridades mexicanas refuercen aún más la seguridad en la región.

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La decisión de aumentar las inspecciones en la frontera y desplegar fuerzas federales forma parte de un acuerdo más amplio entre ambos gobiernos, que surgió después de que Trump anunciara la imposición de aranceles del 25 % a productos mexicanos.

Esta medida generó tensiones entre ambos países, pero la situación se alivió tras una llamada telefónica entre los mandatarios, en la que Trump suspendió temporalmente las sanciones a cambio del compromiso de Sheinbaum de fortalecer la presencia militar en la frontera.

El despliegue de alrededor de 10 mil elementos de las fuerzas federales en la frontera se centrará en frenar el tráfico de fentanilo, controlar la migración irregular y detener el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos.

Si bien algunos residentes de Tijuana apoyan los esfuerzos del gobierno para combatir el narcotráfico, otros consideran que estas medidas no abordan las causas profundas de la violencia y la migración, lo que ha generado un debate sobre la efectividad de estas acciones a largo plazo.