Al menos una decena de inmuebles propiedad del Gobierno de Michoacán estuvieron en riesgo de perderse por prescripción negativa, luego de haber sido entregados hace más de 20 años a empresarios y particulares sin que se regularizara su situación jurídica.

Los bienes se ubican principalmente en Morelia y Lázaro Cárdenas, y forman parte de un proceso de incorporación al patrimonio estatal que busca evitar que terceros reclamen legalmente la propiedad de los inmuebles tras décadas de uso.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que el procedimiento permitió evitar la pérdida de propiedades con un valor conjunto de cientos de millones de pesos, al integrarlas nuevamente al registro patrimonial del estado.

La prescripción negativa es una figura legal mediante la cual una persona puede reclamar la propiedad de un inmueble después de poseerlo durante varios años sin oposición del dueño, lo que representaba un riesgo para los bienes estatales que no habían sido regularizados.

De acuerdo con la información oficial, al menos 14 inmuebles ya fueron donados a municipios como parte del proceso de reorganización del patrimonio público.

Entre los bienes incluidos en esta regularización se encuentra el edificio que ocupa el Congreso del Estado, que ahora forma parte formal del patrimonio del Poder Legislativo de Michoacán.

El gobierno estatal sostuvo que el proyecto busca ordenar y proteger los bienes públicos que durante años permanecieron en situación irregular dentro del inventario patrimonial del estado.