La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La orden atribuye al exmandatario posibles delitos como terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y afectaciones a servicios públicos.

Las movilizaciones se extendieron durante varias semanas con bloqueos principalmente en zonas del occidente y centro de Bolivia. Sectores campesinos y organizaciones sociales vinculadas al movimiento de Morales participaron en las protestas que provocaron interrupciones en las principales vías del país.

El proceso judicial señala a Morales por su presunta relación con estas acciones, mientras autoridades investigan las responsabilidades de distintos dirigentes que participaron en las movilizaciones. La Fiscalía abrió indagatorias por varios delitos relacionados con los bloqueos y sus consecuencias.

Durante el periodo de protestas se reportaron afectaciones al transporte y dificultades para el abastecimiento en algunas regiones, debido al cierre de carreteras que mantuvieron incomunicadas distintas zonas del país.

Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, enfrenta así un nuevo proceso legal en medio de la tensión política que continúa alrededor de su figura y sus seguidores. Las autoridades deberán definir los siguientes pasos dentro de la investigación y la situación jurídica del exmandatario.