La ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, fue sentenciada este lunes a la pena de muerte por un tribunal de Daca, que la responsabilizó de ordenar la violenta represión de las protestas que derivaron en su caída del poder en 2024. Según estimaciones de Naciones Unidas, al menos 1,400 personas murieron durante aquellos disturbios.

El juez Golam Mortuza Mozumder señaló que las pruebas reunidas en el proceso acreditan crímenes contra la humanidad. “Todos los elementos están presentes”, afirmó al dictar el fallo. Hasina, de 78 años, fue juzgada en ausencia, pues abandonó el país en helicóptero en el verano de 2024 y se refugió en India.

Tras conocerse la resolución, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladés exigió a Nueva Delhi la extradición inmediata de Hasina y de su exministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también condenado a muerte y actualmente en territorio indio. El gobierno indio únicamente comunicó que “toma nota” del veredicto, sin adelantar postura sobre una posible entrega.

La ONU calificó la sentencia como un “momento significativo” para las víctimas y sus familias, aunque reiteró su oposición absoluta a la pena de muerte. Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, lamentó que el proceso haya concluido con la aplicación de la máxima sanción penal.

Por su parte, Hasina denunció desde el exilio que la resolución responde a intereses políticos. En un comunicado aseguró que el tribunal fue “amañado” y creado por un gobierno interino “sin mandato democrático”. La exmandataria gobernó Bangladés durante 15 años, hasta las manifestaciones masivas que provocaron su salida.

La espera por la sentencia había generado enorme expectación en Bangladés, un país de más de 170 millones de habitantes que se prepara para elecciones legislativas en tres meses. El actual gobernante interino, el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, calificó el dictamen como un “veredicto histórico”.

Ante la tensión política, la policía de Daca reforzó la seguridad en los alrededores del tribunal y en puntos estratégicos de la capital, con estrictos controles preventivos para evitar disturbios.