Un exagente de alto nivel de la DEA, Paul Campo, y su presunto socio, Robert Sensi, fueron acusados en una corte federal de Nueva York por colaborar con el Crimen Organizado en operaciones de lavado de dinero, tráfico de narcóticos y obtención de armas de uso militar. De acuerdo con los documentos judiciales, Campo, quien se retiró de la agencia en 2016 tras 25 años de servicio, habría ofrecido al cártel sus conocimientos financieros y su experiencia en operaciones internacionales para estructurar un esquema destinado a blanquear alrededor de 12 millones de dólares provenientes del narcotráfico.

La acusación sostiene que ambos hombres acordaron convertir parte de esos fondos en criptomonedas y que incluso realizaron transacciones iniciales como parte del proceso de lavado. También se les vincula con negociaciones para facilitar la compra de aproximadamente 220 kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos, una operación que habría generado ganancias millonarias para la organización criminal. Según la fiscalía, Campo se presentó ante el supuesto enlace del CO, en realidad un informante confidencial controlado por las autoridades estadounidenses, como un estratega capaz de diseñar mecanismos complejos para mover dinero, evadir controles y ampliar el margen operativo del cártel.

Las autoridades señalan además que los acusados discutieron la posibilidad de proporcionar armamento de grado militar, incluyendo rifles semiautomáticos, drones adaptados para explosivos y dispositivos de ataque capaces de incrementar la capacidad ofensiva del CO.

La investigación, desarrollada durante meses a través de vigilancia, grabaciones encubiertas y análisis financiero, permitió documentar encuentros, pagos y conversaciones que, según los fiscales, evidencian la intención de colaborar activamente con una organización designada como terrorista por Estados Unidos en 2025.

Campo y Sensi fueron detenidos esta semana en Nueva York y presentados ante un juez federal, donde ambos se declararon no culpables. El tribunal ordenó su detención preventiva debido a la gravedad de los delitos imputados, que incluyen narcoterrorismo, conspiración para distribuir drogas y conspiración para proveer apoyo material a un grupo criminal transnacional. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas que alcanzan la cadena perpetua.

El Departamento de Justicia calificó el caso como una traición al mandato de la DEA, señalando que la conducta atribuida a Campo erosiona la confianza pública en las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico. La acusación también refuerza la preocupación sobre el interés de los cárteles mexicanos en sofisticar sus redes de financiamiento mediante criptomonedas, operaciones offshore y acceso a tecnología militar.

Para las autoridades estadounidenses, el caso revela no solo una red criminal en expansión, sino también la vulnerabilidad que representan exfuncionarios con conocimiento profundo de los mecanismos de persecución y vigilancia.