El Tribunal Supremo de España condenó al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por delitos de corrupción relacionados con la manipulación de contratos públicos durante la pandemia de COVID-19, cuando estaba al frente de esa dependencia del gobierno español.

Ábalos fue declarado culpable de pertenencia a una organización delictiva, cohecho, malversación y tráfico de influencias por su participación en una trama vinculada con contratos de suministro de material sanitario, principalmente mascarillas, durante la emergencia sanitaria.

En la misma causa, Koldo García, quien fue colaborador del exministro, recibió una condena de 19 años de prisión. El empresario Víctor de Aldama fue sentenciado a cuatro años y medio, aunque el tribunal suspendió su ingreso a prisión debido a la colaboración que brindó durante la investigación.

La suspensión de la pena para De Aldama quedó condicionada al cumplimiento de medidas establecidas por el tribunal, entre ellas no reincidir, presentar informes semestrales sobre sus actividades y realizar un año de servicios comunitarios.

La resolución judicial forma parte de una investigación más amplia relacionada con contratos públicos y presuntos actos de corrupción que involucran a personas cercanas al Partido Socialista Obrero Español, actualmente en el gobierno.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no ha sido acusado dentro de esta causa y ha señalado que los cuestionamientos relacionados con estos casos forman parte de una estrategia política en su contra.