Un caso penal abierto en 2023 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción conocida como Los Chapitos, ha sido ampliado para incluir al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros funcionarios y exservidores públicos de la entidad.

La acusación original fue presentada a inicios de abril de ese año por la fiscalía federal, que imputó a los hijos de Joaquín Guzmán y a otros 21 implicados por delitos relacionados con tráfico de fentanilo y lavado de dinero. El expediente, identificado como 23-cr-180, señala que esta organización operaba una de las redes de distribución de fentanilo más extensas y violentas, respaldada por el uso de sicarios y mecanismos financieros para ocultar ganancias ilícitas.

Con el paso del tiempo, el caso ha sumado nuevos nombres. En una de sus ampliaciones recientes se incorporaron tres presuntos colaboradores cercanos, dos de los cuales fueron entregados por México a autoridades estadounidenses en agosto del año pasado. Posteriormente, en mayo, también fue extraditado Néstor Isidro Pérez Salas, identificado como El Nini, señalado por múltiples homicidios, entre ellos el de un informante y varios miembros de su familia.

La nueva actualización del expediente incluye a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y a otros funcionarios vinculados a corporaciones de seguridad. Las autoridades estadounidenses los señalan por presuntamente recibir sobornos por cientos de miles de dólares a cambio de permitir la operación del grupo criminal en Sinaloa.

De acuerdo con la acusación, la organización recurría de forma sistemática a la corrupción y a pagos en efectivo para garantizar protección y continuidad en sus actividades ilícitas. A tres años de iniciado el proceso, al menos siete personas han sido presentadas ante la corte en calidad de detenidas.

Parte de la estructura del grupo permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde también se encuentra recluido Ismael Zambada. En tanto, las autoridades estadounidenses mantienen recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los hermanos Guzmán Salazar, quienes continúan prófugos.