La administración de Donald Trump ha implementado este martes una nueva medida que amplía significativamente los poderes de los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permitiendo la deportación de inmigrantes indocumentados bajo el procedimiento de expulsión acelerada.

Esta normativa, que no requiere una decisión judicial para llevar a cabo la deportación, facilita la expulsión rápida de aquellos inmigrantes que no puedan demostrar que han permanecido en Estados Unidos por más de dos años.

Con esta medida, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrá acelerar el proceso de deportación, extendiendo su aplicación más allá de los estados del sur, donde anteriormente se implementaba esta práctica.

El cambio normativo tiene como objetivo, según se indica en el documento oficial, mejorar la seguridad nacional y pública, al tiempo que reducir los costos operativos del gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional considera que las determinaciones rápidas en los casos de inmigración contribuirán a una gestión más eficiente del sistema.

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La medida, publicada el 21 de enero, refleja la postura de la administración Trump en relación con el control migratorio, buscando un endurecimiento de las políticas hacia los inmigrantes indocumentados.

Kathleen Bush-Joseph, analista de políticas del Migration Policy Institute, explicó que la expulsión acelerada permite una rapidez en el proceso de deportación que no se logra con los largos procedimientos judiciales de inmigración, los cuales pueden extenderse por años.

Bajo la nueva normativa, los inmigrantes deberán presentar documentación que demuestre su estatus legal o derecho a protección, como el asilo, si desean evitar ser deportados.

De lo contrario, aquellos que no puedan probar que han estado en EE.UU. por más de dos años serán sujetos a una expulsión inmediata.