El proceso de extinción del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip) y del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán “es inminente”, confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
A menos de una semana de que la Cámara de Diputados aprobara la eliminación de organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el gobierno estatal anunció que se armonizará la legislación en Michoacán para replicar estas medidas.
Ramírez Bedolla informó que en los próximos días se presentará la iniciativa correspondiente al Congreso local. Además, se trabajará en el esquema de liquidación del personal que actualmente labora en ambos organismos. Entre los argumentos para su extinción, el gobernador señaló la falta de resultados tangibles, el elevado costo de su operación y el ajuste a una nueva estrategia nacional de combate a la corrupción.
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Tras la desaparición del Imaip y el Sistema Estatal Anticorrupción, sus funciones serán absorbidas por diversas instancias estatales. La Auditoría Superior de Michoacán, la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoem) y el Tribunal de Justicia Administrativa, asumirán las atribuciones que correspondían a los organismos extintos.
Además, el ejecutivo estatal ha adelantado su intención de reformar la estructura institucional para fortalecer las tareas en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Desde mediados de 2024, se planteó la posibilidad de incluir el término “anticorrupción” en la denominación del Tribunal de Justicia Administrativa, que pasaría a llamarse Tribunal de Justicia Administrativa Anticorrupción.
La decisión de extinguir estos órganos autónomos ha generado opiniones divididas. Mientras que el gobierno estatal asegura que estas medidas optimizarán recursos y fortalecerán el combate a la corrupción, sectores de la sociedad civil han expresado preocupación por la desaparición de instituciones creadas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.