Familiares y representantes legales de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tras la emisión de la Recomendación 208VG/2026 relacionada con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
La inconformidad surge luego de que el organismo modificara criterios sostenidos en recomendaciones anteriores sobre el caso y descartara la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los normalistas. El documento también dejó sin efectos seis recomendaciones emitidas previamente por la propia Comisión y cuestionó diversas conclusiones alcanzadas por instancias nacionales e internacionales que participaron en las investigaciones.
Felipe de la Cruz, vocero de un grupo de madres y padres de los estudiantes, señaló que Rosario Piedra Ibarra ya no cuenta con las condiciones para permanecer al frente de la CNDH y consideró que las nuevas conclusiones representan una traición para las víctimas y sus familias.
La recomendación reconoce violaciones graves a derechos humanos cometidas contra 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, entre ellas desaparición forzada, tortura y uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, sostiene que no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad institucional al Ejército mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes.
La postura del organismo ha generado cuestionamientos de distintos sectores. Organizaciones defensoras de derechos humanos, legisladores y familiares de las víctimas han manifestado su desacuerdo con el contenido del documento y solicitaron que las investigaciones mantengan las líneas previamente desarrolladas para el esclarecimiento del caso.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, las familias continúan exigiendo verdad y justicia, además de la localización de los estudiantes y el esclarecimiento pleno de lo ocurrido en Iguala.