Las familias de personas privadas de la libertad en Ecuador enfrentan una carga económica y emocional que recae principalmente en las mujeres, quienes asumen gastos de alimentación, traslados, trámites y apoyo para sus seres queridos dentro de los centros penitenciarios.

Un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos señala que esta situación representa una “pena extendida” para las familiares, debido a que además de cubrir las necesidades económicas derivadas del encarcelamiento, muchas enfrentan estigmatización social, violencia y una mayor responsabilidad de cuidado dentro de sus hogares.

El documento expone que la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano no solo afecta a quienes permanecen recluidos, sino también a sus familias, especialmente a madres, parejas e hijas que deben reorganizar sus vidas para sostener a los internos y mantener los vínculos familiares.