Cinco familias de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales presentaron una demanda civil contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Nueva York, donde lo responsabilizan por seis asesinatos y diversos actos de tortura presuntamente cometidos por agentes de las extintas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

De acuerdo con la acusación, interpuesta ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, seis personas identificadas con seudónimos sostienen que entre 2017 y 2021 integrantes de las FAES ejecutaron a los hijos de cuatro de los demandantes y al hermano de una quinta víctima. Además, las familias aseguran que varios de los sobrevivientes fueron sometidos a torturas durante los operativos.

Uno de los testimonios más impactantes corresponde a una mujer identificada como “Jane Doe 2”, quien afirma que su hijo murió desangrado tras haber sido golpeado y posteriormente baleado por agentes de ese cuerpo policial. Otros relatos describen presuntos allanamientos violentos, asesinatos de familiares, alteración de escenas del crimen y la posterior huida de los denunciantes fuera de Venezuela por temor a represalias.

La demanda también señala que funcionarios del Ministerio Público venezolano habrían admitido, en al menos un caso, que existían órdenes para no investigar las acciones de las FAES, corporación creada como unidad de élite de la Policía Nacional Bolivariana y disuelta oficialmente en 2022, aunque organizaciones de derechos humanos sostienen que parte de sus integrantes fueron incorporados a otras estructuras de seguridad.

Los demandantes argumentan que las FAES estuvieron implicadas en al menos mil 300 muertes hasta 2020 y atribuyen responsabilidad directa a Maduro al considerar que, como jefe del Estado y comandante de las fuerzas de seguridad, tenía control sobre las operaciones del organismo. La acusación se apoya además en informes elaborados por la Organización de las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales, que han documentado denuncias de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y persecución política en Venezuela.

Las familias explicaron que recurrieron a la justicia estadounidense al considerar que no existen condiciones para obtener un juicio imparcial en Venezuela. Para ello invocaron una ley federal de Estados Unidos, vigente desde 1991, que permite a víctimas de tortura y ejecuciones extrajudiciales promover acciones civiles ante tribunales federales cuando no pueden acceder a la justicia en su país.

La demanda se presenta mientras Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan un proceso judicial en Manhattan por cargos relacionados con presunto narcoterrorismo, tráfico de cocaína, delitos con armas y conspiración. Ambos permanecen recluidos en un centro de detención en Brooklyn, a la espera del desarrollo de ese procedimiento.