FGE de Michoacán reduce 40% las sentencias absolutorias y aumenta vinculaciones a proceso
evangelio | 2 junio, 2026

La Fiscalía General del Estado (FGE), de Michoacán informó una mejora en los resultados de sus investigaciones al registrar una disminución del 40 por ciento en las sentencias absolutorias durante el último año, además de un incremento del 20 por ciento en las vinculaciones a proceso. Los datos fueron presentados por el fiscal general, Carlos Torres Piña, durante el encuentro denominado “Justicia con Resultados”, realizado junto con el Poder Judicial del Estado.

Las estadísticas expuestas indican que entre julio de 2024 y abril de 2025 se registraron 117 sentencias absolutorias, mientras que en el periodo comprendido entre julio de 2025 y abril de 2026 la cifra descendió a 79 casos. El fiscal señaló que esta reducción refleja una mayor solidez en la integración de carpetas de investigación, así como un fortalecimiento de las estrategias de litigación ante los tribunales.

Durante su intervención, Torres Piña explicó que las sentencias absolutorias forman parte del debido proceso; sin embargo, cuando su número es elevado resulta necesario revisar la calidad de las investigaciones, la integración de pruebas y la construcción de las teorías del caso. Indicó que los resultados recientes muestran un mayor cuidado en la revisión de los expedientes que llegan a las etapas de resolución judicial.

La FGE también reportó un aumento en las vinculaciones a proceso, al pasar de mil 452 a mil 756 casos en la comparación anual. Este crecimiento representa que un mayor número de investigaciones logró superar la revisión inicial de los jueces y avanzar dentro del proceso penal, fortaleciendo la posibilidad de que los asuntos continúen su curso ante los tribunales.

El titular de la institución señaló que estos resultados derivan de la aplicación de filtros más estrictos en la integración de las investigaciones y en los procedimientos alternativos de resolución. Añadió que el objetivo es garantizar que cada actuación se encuentre debidamente sustentada y que las decisiones adoptadas respeten los derechos de las víctimas y el marco legal vigente.

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