La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el combate al crimen organizado y detectar operaciones financieras relacionadas con actividades ilícitas en la entidad.

El acuerdo permitirá intercambiar información, generar inteligencia operativa y reforzar investigaciones relacionadas con lavado de dinero, movimientos financieros irregulares y redes vinculadas a grupos criminales o a servidores públicos involucrados en actos de corrupción.

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, señaló que el objetivo es establecer mecanismos de alerta temprana dentro del sistema financiero para identificar operaciones sospechosas y avanzar en investigaciones con sustento técnico y jurídico.

Indicó que el convenio también permitirá rastrear bienes, cuentas bancarias y recursos económicos para identificar a los beneficiarios finales de operaciones ilícitas, además de fortalecer las pruebas periciales presentadas ante jueces durante procesos penales.

En los últimos años, Michoacán ha enfrentado una escalada de violencia relacionada con disputas entre grupos criminales, extorsiones y operaciones de lavado de dinero. El Informe Anual de Seguridad del Observatorio Nacional Ciudadano y reportes de inteligencia financiera federal han advertido sobre el uso de empresas fachada, transferencias bancarias y esquemas de blanqueo de capitales vinculados con organizaciones criminales que operan en distintas regiones del estado.

Además, diagnósticos nacionales en materia de seguridad y combate al lavado de dinero han señalado que las estructuras financieras ilegales continúan siendo una de las principales fuentes de operación de grupos delictivos dedicados al narcotráfico, la extorsión y otros delitos de alto impacto.

Las autoridades estatales destacaron que la estrategia busca debilitar la capacidad financiera de organizaciones criminales y de actores de cuello blanco que obtengan beneficios económicos mediante actividades ilegales o afectaciones al erario público.

Con este mecanismo, la Fiscalía estatal y la UIF pretenden consolidar una política de cero impunidad financiera mediante el seguimiento de rutas del dinero y el aseguramiento de activos relacionados con posibles delitos.