La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que acusó a jueces de distrito y magistrados federales de mostrar “parcialidad e ilegalidad” en favor de Emilio Lozoya Austin en el caso Odebrecht.

Según la FGR, recientemente, uno de los jueces otorgó beneficios a Lozoya de manera ilegal, violando el Código Penal Federal y negándole artículos específicos de la legislación.

La FGR sostiene que el desecho de pruebas demuestra el favoritismo de los jueces hacia Lozoya, a pesar de que dichas pruebas se obtuvieron conforme a Tratados Internacionales y fueron consideradas legales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El 23 de septiembre el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó la exclusión de las pruebas bancarias que la FGR consideraba cruciales para demostrar que Lozoya habría recibido más de 10 millones de dólares durante la administración de Enrique Peña Nieto.

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Estos registros bancarios y comprobantes de transferencias presuntamente utilizados por Odebrecht para sobornar a Lozoya se consideraron ilegales, ya que se obtuvieron sin autorización judicial y, por ende, violaron el secreto bancario.

A pesar de la afirmación de la FGR de que las pruebas se obtuvieron de acuerdo con Tratados institucionales con nivel constitucional, los magistrados insisten en que la información bancaria debe contar con una autorización judicial previa.

Cabe destacar que el abogado de Carlos Treviño Medina, también exdirector de Pemex, solicitó a la FGR aplicar el Protocolo de Estambul a Emilio Lozoya y su padre para investigar posibles amenazas o torturas.