FGR busca imputar delincuencia organizada a Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa
evangelio | 10 agosto, 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) busca reunir elementos para imputar también el delito de delincuencia organizada al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien permanece bajo prisión preventiva tras ser detenido por su presunta responsabilidad en la destrucción u ocultamiento de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El expediente judicial señala que la FGR continúa con diligencias para determinar si existió una estructura criminal en la que participaron servidores públicos y grupos delictivos durante los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014. La acusación por delincuencia organizada todavía no ha sido presentada formalmente y dependerá de que la Fiscalía reúna elementos suficientes.

La investigación también analiza el destino de videos registrados por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014. Una exfuncionaria del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero declaró ante el Ministerio Público que entregó esas grabaciones a Aguirre días después de la desaparición y que el entonces gobernador habría asumido el control del material.

La declaración fue incorporada a la investigación que derivó en la orden de aprehensión ejecutada el 6 de agosto. La FGR sostiene que Aguirre habría intervenido para ocultar o destruir evidencia relevante para esclarecer lo ocurrido con los normalistas.

El expediente también menciona posibles vínculos entre integrantes de grupos criminales y funcionarios públicos de Guerrero. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación relacionadas con Guerreros Unidos y otras organizaciones que operaban en la entidad durante los hechos.

Aguirre fue detenido en el Estado de México y posteriormente ingresado al penal del Altiplano. Un juez le impuso prisión preventiva mientras continúa el proceso, luego de que su defensa solicitara la duplicidad del plazo constitucional.

El caso mantiene bajo investigación el posible papel de autoridades estatales en la pérdida de evidencias y en los hechos que rodearon la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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