La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue asesinado en el mismo lugar donde, según se afirma, se encontraba Ismael “El Mayo” Zambada al momento de su “secuestro”.
Las pruebas periciales revelaron que las huellas de sangre encontradas en la camioneta supuestamente utilizada para el montaje del asesinato en una gasolinera corresponden a Rodolfo Chaidez Mendoza, un individuo actualmente desaparecido y considerado parte del equipo de seguridad de Zambada.
Además, se encontraron indicios hemáticos en una finca ubicada en Huertos del Pedregal en Culiacán, los cuales han sido confirmados por las unidades periciales federales como pertenecientes al exrector.
Lo anterior respalda las investigaciones anteriores que indican que Cuén Ojeda fue secuestrado y asesinado muchas horas antes de la difusión de un video que mostraba un supuesto escenario de su muerte, el cual ha sido descalificado por la misma FGR.
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En un comunicado emitido ayer, la FGR, bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, indicó que también se ha recuperado un video del chofer de Cuén Ojeda que contradice su declaración previa ante autoridades locales sobre los momentos críticos de la desaparición y asesinato del académico.
La situación ha llevado a la FGR a investigar las presuntas responsabilidades penales y administrativas de funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa, incluyendo policías, ministerios públicos y peritos, quienes están implicados en el caso.
Además, también se informó que un juez federal en Culiacán rechazó conocer el caso contra Joaquín Guzmán López, el hijo de “El Chapo” Guzmán, acusado de traición a la patria por el presunto secuestro de “El Mayo” Zambada y su entrega a las autoridades estadounidenses.
Ante la situación de rechazo por parte del juez, el Ministerio Público se prepara para presentar en los próximos días las pruebas y diligencias pertinentes ante un juez alternativo, en busca de justicia para el exrector Cuén Ojeda y hacer frente a la red de corrupción y delitos que vinculan a las fuerzas del orden y el crimen organizado en el estado.