La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró documentación que podría aportar nuevos elementos a la investigación contra una presunta red dedicada al contrabando de combustible, en la que está involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

El operativo se realizó en dos bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, pertenecientes a la empresa Ingemar, de la que Ruffo es accionista mayoritario. La diligencia fue autorizada por un juez federal y contó con la participación de agentes del Ministerio Público y peritos de la FGR, acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante los cateos fueron localizados pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos, documentación que, según la Fiscalía, podría revelar la manera en que presuntos integrantes de la organización habrían simulado operaciones de comercio exterior.

La fiscal general, Ernestina Godoy, explicó que el análisis de los documentos permitió identificar indicios relacionados con las actividades de la empresa y aportó información sobre el supuesto modo de operación de la red.

Los hallazgos también podrían abrir nuevas líneas de investigación debido a que en las bodegas se encontraron documentos relacionados con otros posibles delitos que ya son investigados por la Fiscalía.

La indagatoria involucra a Ruffo y a otras 24 personas, de las cuales nueve han sido detenidas. El caso está relacionado con una investigación por el llamado huachicol fiscal ferroviario, mediante el cual se habría introducido combustible al país bajo operaciones presuntamente irregulares.

La investigación tiene como antecedente el aseguramiento, en 2025, de más de 15 millones de litros de combustible que ingresaron desde Estados Unidos en trenes por la aduana de Matamoros, Tamaulipas, y posteriormente fueron localizados en patios ferroviarios de Coahuila. Ingemar aparece relacionada con otras empresas vinculadas con aquella operación.

Ruffo permanece en prisión preventiva mientras enfrenta el proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la Ley de Hidrocarburos. Su defensa sostiene que el exgobernador no participó en los hechos que se le atribuyen y busca que pueda continuar el proceso bajo prisión domiciliaria.

La FGR señaló que las personas vinculadas al caso conservan su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras continúan las investigaciones.