La Fiscalía General de la República (FGR) identificó una presunta red de contrabando de hidrocarburos que utilizaba el sistema ferroviario para mover combustible entre distintos estados del país, en una operación que ya es investigada por delincuencia organizada, contrabando y defraudación fiscal.

La información fue dada a conocer durante una audiencia judicial relacionada con el aseguramiento de 33 ferrotanques localizados en Ramos Arizpe, Coahuila, considerados por las autoridades como el punto de partida para descubrir una estructura logística de mayor escala.

De acuerdo con la FGR, las investigaciones permitieron detectar que los vagones transportaban volúmenes de combustible superiores a los reportados en la documentación oficial, lo que habría permitido evadir impuestos y controles aduaneros.

La indagatoria se extendió posteriormente a San Luis Potosí y Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se localizaron otros ferrotanques presuntamente vinculados con la misma operación. La Fiscalía sostiene que el esquema tenía un alcance interestatal, apoyado en rutas ferroviarias utilizadas para el traslado de hidrocarburos.

La FGR señaló que una empresa constituida en 2018 en la Ciudad de México es considerada una pieza clave dentro de la investigación. Según los datos presentados por el Ministerio Público, la compañía amplió su objeto social para incluir actividades relacionadas con importación, exportación, almacenamiento, transporte y manejo de hidrocarburos, así como operaciones vinculadas con terminales ferroviarias.

Las autoridades indicaron que se revisan pedimentos aduanales, facturas, cartas porte, registros ferroviarios y documentación corporativa para determinar la posible responsabilidad de personas físicas y morales involucradas.

Dentro de la carpeta de investigación se integraron dictámenes de química, ingeniería, fotografía y criminalística, con el objetivo de establecer la composición del combustible asegurado, la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados.

La FGR explicó que los estudios buscan confirmar si el producto correspondía a gasolina, diésel u otros derivados del petróleo, así como determinar el monto exacto del posible daño fiscal ocasionado por la operación.

El caso es investigado bajo la hipótesis de un esquema de huachicol fiscal, modalidad que consiste en introducir o mover combustibles con apariencia de legalidad mediante documentación alterada o declaraciones falsas sobre el tipo y cantidad de producto transportado.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre sentencias o imputaciones definitivas derivadas de esta investigación, pero confirmó que las diligencias continúan para establecer la red completa de distribución, almacenamiento y comercialización del combustible presuntamente introducido de manera irregular al país.