La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, por su presunta participación en un esquema financiero que habría permitido el desvío de recursos públicos y el lavado de más de mil millones de pesos.

De acuerdo con las indagatorias, el mandatario, emanado de Movimiento Ciudadano, habría utilizado el despacho Firma Jurídica y Fiscal como pieza clave para canalizar recursos provenientes de distintas dependencias estatales y redirigirlos hacia empresas relacionadas con su entorno cercano.

Las investigaciones señalan que dicha firma, vinculada a familiares directos del gobernador, fungía como concentradora de fondos públicos, los cuales eran transferidos desde diversas áreas del gobierno estatal antes de ser dispersados a otras compañías.

Entre las entidades involucradas en el presunto esquema figuran empresas como Suministro MYR, Proveedor de Productos Mexicanos JACE, Txat Latam y FERRO & MENDEZ, así como organismos públicos como el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León y proyectos de infraestructura como el Acueducto El Cuchillo.

Según la línea de investigación, una vez concentrados en el despacho, los recursos eran enviados principalmente a la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles, que habría recibido transferencias superiores a los mil millones de pesos.

Las autoridades federales también indagan el posible traslado de estos fondos a cuentas en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, con el objetivo de ocultar su origen y dificultar su rastreo, lo que configuraría un esquema de lavado de dinero.

Hasta el momento, el gobernador no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones, mientras la investigación continúa en curso.