La Fiscalía General de la República (FGR) reservó durante cinco años la documentación relacionada con la investigación sobre el secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, al argumentar que divulgar los archivos podría afectar las indagatorias en curso y la cooperación con autoridades estadounidenses.
La decisión impide conocer documentos que respaldan las declaraciones de funcionarios mexicanos sobre la operación ocurrida el 25 de julio de 2024, cuando Zambada fue trasladado a territorio estadounidense junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La solicitud de transparencia buscaba acceder a los materiales utilizados o mencionados por la fiscal general, Ernestina Godoy, durante una conferencia de prensa del 8 de julio de 2026, en la que la dependencia señaló inconsistencias en la información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos sobre la captura de ambos narcotraficantes.
Entre los documentos solicitados se encontraban fotografías, videos, peritajes, registros migratorios y aeronáuticos, así como informes sobre la aeronave utilizada para el traslado, la identidad del piloto y las comunicaciones entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
La petición también contemplaba los documentos relacionados con las declaraciones del piloto y las diligencias realizadas para esclarecer las circunstancias en que Zambada llegó a Estados Unidos. Sin embargo, la Fiscalía negó el acceso a la información, incluso mediante versiones públicas que permitieran consultar los documentos con los datos protegidos testados.
La FGR sostuvo que la difusión de esos materiales permitiría conocer líneas de investigación, diligencias y elementos de prueba reunidos por el Ministerio Público, lo que podría comprometer el desarrollo del caso y facilitar que las personas investigadas anticiparan las actuaciones de las autoridades.
La reserva fue avalada por el Comité de Transparencia de la Fiscalía el 19 de agosto de 2026. La dependencia estableció un plazo de cinco años, aunque señaló que la información podría hacerse pública antes si dejan de existir las circunstancias que justificaron mantenerla bajo resguardo.
Uno de los aspectos relevantes de la investigación es la identificación de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, como el presunto piloto de la aeronave en la que fueron trasladados Zambada y Guzmán López.
De acuerdo con la información presentada por la FGR en julio pasado, la identificación se realizó mediante el análisis de una grabación proporcionada por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, además de dictámenes periciales de voz y otros indicios.
Núñez Ojeda había sido detenido en Sinaloa el 8 de febrero de 2025 y entregado a Estados Unidos el 13 de agosto de ese mismo año. La Fiscalía indicó que solicitó su extradición a México por presuntos delitos cometidos en el país.
El caso cobró relevancia nuevamente después de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) donara a un museo de Nuevo México el avión utilizado para trasladar a los dos integrantes del Cártel de Sinaloa. La exhibición de la aeronave y la difusión de información sobre el operativo llevaron al gobierno mexicano a exigir aclaraciones sobre el grado de participación de las autoridades estadounidenses.
Mientras el gobierno de Estados Unidos ha sostenido que sus agentes intervinieron en las detenciones una vez que ambos llegaron a su territorio, las autoridades mexicanas han cuestionado las versiones sobre cómo se organizó el traslado.
La FGR argumentó también que divulgar las comunicaciones y documentos intercambiados con Estados Unidos podría perjudicar los mecanismos de asistencia jurídica internacional y afectar la disposición de ese país para compartir información en futuras investigaciones.
Aunque reconoció que existe interés público en esclarecer los hechos, la institución consideró que ese interés no justifica, por ahora, entregar los expedientes solicitados.
A más de dos años del traslado de Zambada, las indagatorias continúan abiertas y la documentación que podría aportar detalles sobre la operación permanecerá reservada, salvo que cambien las condiciones que sustentaron la decisión.