Un tribunal federal en Brooklyn programó para el 12 de enero de 2026 la audiencia en la que se dictará sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, luego de que en agosto aceptara declararse culpable de dos cargos que conllevan cadena perpetua obligatoria.
La fecha fue establecida de manera sorpresiva por el juez Brian Cogan, quien notificó su decisión este lunes, horas después de que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, admitiera ante una corte en Chicago haber participado en el intento de secuestro de Zambada en julio de 2024 con el fin de entregarlo a autoridades estadounidenses. Cogan es el mismo juez que impuso la sentencia vitalicia al Chapo en 2019.
Según el calendario judicial, la defensa del Mayo deberá presentar su memorándum de sentenciaantes del 29 de diciembre, mientras que la fiscalía tendrá hasta el 5 de enero para emitir una respuesta. Pese a que la audiencia ya está agendada, no se descartan eventuales aplazamientos, frecuentes en procesos de alto perfil y que pueden prolongarse durante años.
A diferencia de los hermanos Joaquín y Ovidio Guzmán, Zambada no aceptó convertirse en colaborador permanente del gobierno estadounidense, lo que reduce significativamente cualquier posibilidad de recibir una pena inferior a la cadena perpetua.
Actualmente, el capo permanece detenido en el Centro de Detenciones Metropolitanas de Brooklyn, aunque se prevé que sea trasladado a otra prisión federal una vez que se emita la sentencia. El Buró Federal de Prisiones registra que tiene 75 años, aunque diversas fuentes señalan que cumplirá 78 el próximo 1 de enero.
En su acuerdo de culpabilidad, Zambada reconoció haber dirigido una empresa criminal continua desde 1989 hasta 2024, además de aceptar responsabilidad por violaciones a la Ley RICOrelacionadas con operaciones delictivas cometidas entre 2000 y 2012. También admitió haber pagado sobornos durante 45 años a policías, militares y políticos mexicanos que facilitaron las operaciones del Cártel de Sinaloa.
“El pago de esos sobornos comenzó cuando yo era joven y continuó durante todos los años de existencia del cártel”, declaró ante el juez.
Como parte del acuerdo, aceptó el decomiso de 15 mil millones de dólares, monto que quedará bajo control del gobierno estadounidense una vez que el proceso se formalice.