La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejercitó acción penal contra seis personas, entre ellas la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy “N”, por su presunta participación en la simulación de un secuestro que habría sido planeado para justificar un faltante de 40 millones de pesos en las finanzas del Ayuntamiento.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el supuesto plagio, denunciado el pasado 31 de mayo, habría sido preparado desde febrero por el esposo y el cuñado de la alcaldesa. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el objetivo era exigir un rescate por 40 millones de pesos que sería cubierto con recursos del erario municipal, con el fin de ocultar un presunto desfalco por la misma cantidad.

Como parte del caso, fueron detenidos en Oaxaca Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, señalados como participantes en la simulación. Además, las autoridades obtuvieron órdenes de aprehensión contra el esposo y el cuñado de la edil, quienes permanecen prófugos. La audiencia para formular imputación contra la alcaldesa fue programada para el próximo 9 de julio.

La FGJEM informó que el análisis de videos de vigilancia contradijo la versión presentada inicialmente por la funcionaria. Según la investigación, no se observaron actos de violencia o resistencia durante el momento en que abordó el vehículo de los presuntos secuestradores. Incluso, la Fiscalía sostiene que la propia alcaldesa habría indicado la ruta a seguir para evitar las cámaras de videovigilancia.

Las indagatorias también incluyen el rastreo del teléfono celular utilizado durante el supuesto secuestro, el cual fue localizado posteriormente en la Ciudad de México y después en Oaxaca, donde fueron capturados tres de los presuntos involucrados. Asimismo, uno de los participantes declaró ante el Ministerio Público que el plan consistía en solicitar un rescate de 40 millones de pesos para justificar el presunto faltante de recursos públicos.

Además del delito de simulación de secuestro, la Fiscalía dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para investigar el presunto desvío de recursos públicos. Las autoridades también mantienen abierta una investigación por posible extorsión contra algunos de los detenidos.