La Fiscalía General de Bolivia inició un procedimiento contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por su presunta responsabilidad en los delitos de asesinato, tortura, vejaciones y privación ilegal de la libertad, relacionados con un operativo policial ocurrido en 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra.

El fiscal general interino, José Armando Urioste, informó este lunes que el Ministerio Público admitió una proposición acusatoria presentada por la senadora opositora Tomasa Yarhui y otros legisladores, por los hechos registrados el 16 de abril de 2009.

La investigación se centra en la intervención de fuerzas policiales en el hotel, donde murieron tres extranjeros: Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Arpád Magyarosi. Durante el operativo también fueron detenidos Mario Tadic y Elöd Tóásó, quienes posteriormente denunciaron haber sufrido torturas.

En aquel momento, el gobierno de Morales sostuvo que el grupo encabezado por Rózsa Flores pretendía organizar un movimiento separatista en la región de Santa Cruz y preparar un atentado contra el entonces mandatario boliviano.

Sin embargo, familiares de los fallecidos y sobrevivientes cuestionaron la versión oficial y denunciaron presuntas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas. El caso llegó al sistema interamericano de derechos humanos y, en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado boliviano había incurrido en violaciones a los derechos humanos.

Tras admitir la acusación, la Fiscalía notificó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el inicio de la recopilación de antecedentes para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia un juicio de responsabilidades contra ambos exmandatarios.

El procedimiento contempla una etapa de evaluación de las pruebas y, si el Ministerio Público considera que existen fundamentos para continuar, será necesaria la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante el voto favorable de al menos dos tercios de los legisladores presentes.

La admisión de la proposición acusatoria no significa que Morales o García Linera hayan sido declarados culpables ni que el juicio esté formalmente autorizado. El proceso se encuentra en una fase inicial para establecer si existen elementos que permitan llevar el caso ante la justicia.