La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales, a quien acusa de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros delitos relacionados con las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio pasados.

La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar, quien también atribuye al exmandatario los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Las investigaciones se centran en las movilizaciones que durante siete semanas paralizaron amplias zonas del país, principalmente en el occidente y centro de Bolivia. Los bloqueos fueron impulsados por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo de sectores afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Según datos oficiales, los cortes carreteros provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades bolivianas. Además, dejaron al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna debido a la interrupción de las vías de comunicación. Las autoridades estiman pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.

La denuncia contra Morales fue presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, considerada la región más poblada y el principal motor económico del país. Posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

La acción legal también alcanza a Marco Argollo, máximo dirigente de la COB, y a Vicente Salazar, principal líder campesino de La Paz, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de juliopor otra investigación vinculada con los mismos hechos.

Morales rechazó las acusaciones y negó haber promovido la salida de Rodrigo Paz. El exmandatario sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno atendiera las demandas de los sectores movilizados. Sin embargo, el 24 de mayo publicó en la red social X que el presidente tenía solo “dos caminos” frente al conflicto: “militarizar” el país o convocar a elecciones en los próximos 90 días.

Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la COB, el presidente Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos. Posteriormente, Policía y Ejército se desplegaron en las carreteras para retirar los obstáculos y restablecer la circulación.

El líder del Movimiento al Socialismo permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, considerado su principal bastión político y sindical, donde es resguardado por centenares de seguidores para impedir el cumplimiento de otra orden de captura en su contra.

Esa orden corresponde a una investigación por trata agravada de personas, en la que Morales es acusado de mantener una presunta relación con una menor de edad, con quien supuestamente habría tenido una hija cuando era presidente en 2016.

En mayo de 2026, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y emitió una nueva orden de captura debido a que no se presentó al inicio del juicio por ese caso. La Policía boliviana ha señalado que espera “el momento adecuado” para ejecutar dicha orden.

Con la nueva acusación por terrorismo y alzamiento armado, Evo Morales enfrenta ahora dos procesos penales de alto perfil, en medio de una creciente tensión política y social en Bolivia.