La Fiscalía General de Brasil solicitó este martes 14 de julio la condena del expresidente Jair Bolsonaro y de siete de sus excolaboradores por los delitos de “asociación criminal armada”, “tentativa de abolición del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”, entre otros cargos.

El pedido se basa en una investigación que concluyó que el exmandatario ultraderechista intentó impedir la asunción de Luiz Inacio Lula da Silva tras perder las elecciones presidenciales de 2022.

Según el Ministerio Público, Bolsonaro habría “instrumentalizado el aparato estatal” y encabezado un plan deliberado para interrumpir la transición democrática.

El documento fiscal añade que el objetivo era “garantizar la permanencia autoritaria en el poder” mediante acciones violentas y coordinadas contra las instituciones. Aunque el plan fracasó por falta de respaldo militar, los fiscales consideran que los hechos son de extrema gravedad.

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El juicio, a cargo del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, ha generado tensiones diplomáticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó el proceso como una “cacería de brujas”y anunció aranceles del 50 % a las importaciones brasileñas a partir del 31 de agosto.

Lula da Silva, en tanto, expresó su rechazo a la injerencia extranjera y advirtió que Brasil podría aplicar medidas de reciprocidad comercial.

Bolsonaro, quien se declara inocente y víctima de persecución política, admitió ante la Corte haber contemplado el uso de “un dispositivo constitucional” para impedir la toma de protesta de Lula, aunque negó haber ejecutado acción alguna.

La pena solicitada para los acusados podría alcanzar hasta 40 años de cárcel. El fallo final depende ahora del Supremo Tribunal Federal, que ya ha enfrentado presiones por parte de actores internacionales.