La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) ofrecieron una disculpa pública a la familia de Braulio Bacilio Caballero, quien fue reportado como desaparecido cuando tenía 13 años y cuyos restos fueron identificados casi seis años después.

Braulio desapareció el 28 de septiembre de 2016, cuando se encontraba en las inmediaciones del paradero de Pantitlán. Ese mismo día fue atropellado y trasladado al Hospital General Balbuena, donde murió horas después. Sin embargo, las autoridades no lograron relacionar el cuerpo con el reporte de desaparición de su familia.

El cuerpo fue registrado inicialmente como el de un hombre de aproximadamente 20 años y posteriormente enviado a una fosa común. La falta de confrontas genéticas y de cruces adecuados entre los registros de personas desaparecidas y los cuerpos sin identificar impidió que su familia recibiera información sobre su paradero.

Fue hasta 2022, después de casi seis años de búsqueda, cuando los restos fueron exhumados y sometidos a pruebas genéticas. El análisis confirmó que correspondían a Braulio. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México determinó posteriormente que las omisiones institucionales configuraron lo que denominó una “desaparición administrativa”.

Durante el acto de disculpa, realizado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, la FGJCDMX reconoció fallas en la búsqueda, registro y manejo de información, así como la falta de aplicación oportuna de protocolos para la localización de niñas, niños y adolescentes.

La familia de Braulio, sin embargo, mantiene la exigencia de que se determinen responsabilidades por las omisiones cometidas durante la investigación. La Comisión de Derechos Humanos señaló que la disculpa no representa el cierre del caso y que permanecen pendientes acciones de reparación, investigación y medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Como parte de las medidas anunciadas, el INCIFO informó que reforzó sus procedimientos de identificación humana, la capacitación del personal y el intercambio de información con la Fiscalía, además de establecer mecanismos de atención prioritaria para casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.