La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a la familia de Julio César Cervantes Cabañas, quien desapareció en septiembre de 2021 y cuyo cuerpo fue entregado posteriormente a una institución académica sin que se lograra su identificación, pese a que sus familiares mantenían una búsqueda activa desde hace varios años.

Durante el acto, la institución reconoció omisiones y fallas en los procesos de búsqueda, identificación y atención a las víctimas, además de irregularidades que afectaron los derechos de la familia. La disculpa se realizó como parte del cumplimiento de la recomendación 09/2025 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Julio César Cervantes Cabañas, quien tenía discapacidad intelectual, salió de su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón el 20 de septiembre de 2021 y desde entonces se desconoció su paradero. Su familia presentó una denuncia y posteriormente entregó muestras genéticas para facilitar su localización, aunque denunciaron diversas omisiones durante el proceso de búsqueda. 

En enero de 2024, el cuerpo de Julio César fue localizado en la vía pública en la alcaldía Coyoacán y trasladado al Instituto de Ciencias Forenses en calidad de persona no identificada. A pesar de que existían registros genéticos proporcionados por sus padres, el cuerpo no fue vinculado con la carpeta de desaparición y posteriormente fue donado al Instituto Politécnico Nacional para fines académicos. 

La Comisión de Derechos Humanos capitalina señaló que existieron deficiencias estructurales y fallas de coordinación entre áreas de investigación y búsqueda, lo que impidió que la información relacionada con el hallazgo del cuerpo fuera cruzada correctamente con la denuncia presentada por la familia. 

Después de nuevas pruebas genéticas realizadas en 2024, las autoridades confirmaron la identidad de los restos y el cuerpo fue entregado a sus familiares días después. El caso fue señalado por organismos de derechos humanos como un ejemplo de “desaparición administrativa”, derivada de errores institucionales y deficiencias en los mecanismos de búsqueda e identificación. 

Como parte de los compromisos anunciados tras la recomendación, se informó que se revisarán los mecanismos de colaboración relacionados con la entrega de cuerpos no identificados a instituciones educativas, además de implementar medidas para evitar la repetición de hechos similares.