La investigación por el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio sumó a siete nuevos procesados, entre ellos el exministro del Interior José Serrano y el exasambleísta Ronny Aleaga, ambos relacionados políticamente con el expresidente Rafael Correa.

La Fiscalía General de Ecuador presentó cargos contra los siete señalados como presuntos autores intelectuales del crimen ocurrido en agosto de 2023, cuando Villavicencio fue asesinado durante un acto de campaña, apenas 11 días antes de las elecciones presidenciales.

Entre los acusados también figuran tres integrantes de alto nivel de la organización criminal Los Lobos: Wilmer Chavarría Barré, alias “Pipo”, identificado como líder del grupo; Luis Arboleda, “Gordo Luis”; y Esteban Aguilar, “Lobo Menor”.

De acuerdo con los elementos presentados por la Fiscalía, Serrano habría proporcionado a miembros de la organización criminal información considerada sensible sobre los desplazamientos y movimientos de Villavicencio. Aleaga, por su parte, es señalado de participar en la coordinación de aspectos logísticos relacionados con el atentado.

El empresario Xavier Jordán, quien reside en Estados Unidos, también fue incluido entre los procesados. Serrano se encuentra igualmente en territorio estadounidense, mientras que Aleaga permanece en Venezuela.

Ante la ubicación de varios de los señalados fuera de Ecuador, la Fiscalía solicitó a Interpol la emisión de notificaciones rojas con el objetivo de facilitar su localización, captura y eventual extradición.

La fiscal Ana Hidalgo señaló además que las pesquisas detectaron indicios de un supuesto intento posterior por obstaculizar el esclarecimiento del asesinato. Según la investigación, se habrían diseñado versiones para ser utilizadas dentro de procesos judiciales, así como estrategias de comunicación encaminadas a desviar o dificultar las indagatorias.

Los siete fueron señalados bajo la figura de autores mediatos, contemplada en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal. Este delito puede alcanzar penas de entre 26 y 30 años de prisión cuando existen circunstancias agravantes.

El asesinato de Villavicencio, ocurrido en medio de una creciente ola de violencia, se convirtió en uno de los episodios más graves de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador y que marcó de manera profunda la campaña electoral de 2023.