La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó que tiene conocimiento del desplazamiento de familias en comunidades del municipio de Apatzingán; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por estos hechos, informó el vicefiscal de Control y Seguimiento de Procesos, Israel Vega Rodríguez.

El funcionario señaló que, aunque la institución está enterada de la situación que afecta a pobladores de la región de Tierra Caliente, la ausencia de querellas limita el inicio de carpetas de investigación específicas relacionadas con el desplazamiento forzado.

Vega Rodríguez explicó que la Fiscalía mantiene coordinación permanente con las corporaciones de seguridad estatales y federales que operan en la zona, además de realizar recorridos para dar seguimiento a la situación y atender cualquier hecho delictivo que pudiera derivarse de la violencia que persiste en esa región.

Las declaraciones se producen luego de que colectivos de víctimas denunciaran públicamente el desplazamiento forzado de al menos 225 personas provenientes de diversas comunidades de Apatzingán, quienes habrían abandonado sus hogares a consecuencia de la violencia generada por grupos del crimen organizado. De acuerdo con las organizaciones, entre los afectados se encuentran mujeres, niñas, niños y adultos mayores que han buscado refugio con familiares o en otros municipios ante el riesgo para su integridad.

El fenómeno del desplazamiento forzado no es nuevo en la región. En los últimos meses, autoridades municipales y organizaciones civiles han advertido sobre el éxodo de familias de comunidades rurales como El Alcalde, El Guayabo, El Morado y Las Bateas, donde los enfrentamientos armados, la presencia de grupos delictivos y el riesgo por artefactos explosivos improvisados han obligado a cientos de personas a dejar temporalmente sus viviendas.

Aunque la FGE aseguró que permanece atenta a la evolución de los hechos y mantiene comunicación con las autoridades encargadas de la seguridad, reiteró que hasta ahora no existen denuncias presentadas por las víctimas o sus familiares que permitan judicializar estos casos. Mientras tanto, colectivos defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de reforzar la protección a las familias desplazadas y garantizar condiciones de seguridad para un eventual retorno a sus comunidades.