La Fiscalía de Perú decidió archivar la denuncia constitucional presentada contra la expresidenta Dina Boluarte y varios de sus exministros, relacionada con el incremento del sueldo presidencial aprobado en 2025.

El caso surgió luego de que el gobierno de Boluarte autorizara un aumento del 122% en la remuneración presidencial, que pasó de 15 mil soles a 35 mil 568 soles, es decir, alrededor de 171 mil pesos mexicanos, mediante un decreto supremo emitido el 4 de julio de 2025.

La denuncia, impulsada por el partido político Voces del Pueblo, sostenía que el Ejecutivo habría vulnerado una norma que limita el salario del presidente a un máximo de 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), equivalente a 26 mil soles aproximadamente.

Sin embargo, el Ministerio Público determinó que no se acreditó la existencia de un interés ilícito ni pruebas suficientes para atribuir a Boluarte y a sus exministros la calidad de presuntos coautores de delitos como negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

De acuerdo con la resolución, los hechos no encajan jurídicamente en las figuras penales señaladas, por lo que “resulta jurídicamente imposible subsumirlos en el tipo penal correspondiente”, se indicó en el dictamen fiscal.

Además, tras entrevistar a funcionarios y testigos del Ejecutivo, la Fiscalía concluyó que el proceso de aprobación del incremento salarial se realizó conforme al marco normativo vigente, descartando irregularidades en su tramitación.

El expediente también precisó que la iniciativa para el aumento salarial se habría iniciado en marzo de 2024 y no en febrero de 2025, como alegaban los denunciantes, lo que, según la autoridad, desvirtúa la supuesta celeridad o preferencia del procedimiento administrativo.