La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que el periodista Rafael León Segovia fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, y que ya no se le imputa el delito de terrorismo, acusación que había generado críticas a nivel nacional.

El retiro de ese cargo ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara públicamente a la fiscalía estatal aclarar las razones de la detención del comunicador y, en particular, explicar el uso del delito de terrorismo, figura que dijo no tiene antecedentes en casos relacionados con el ejercicio periodístico en México.

Durante su conferencia matutina del lunes, la mandataria cuestionó la imputación inicial y subrayó la necesidad de garantizar la libertad de expresión. “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y, en todo caso, tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, señaló, al tiempo que reiteró que corresponde a la autoridad estatal esclarecer el caso.

Tras la audiencia, la FGE indicó que se presentaron datos de prueba que, a su juicio, justifican la detención legal del periodista, realizada la semana pasada en el municipio de Coatzacoalcos. Como medida cautelar, el juez determinó el resguardo domiciliario de Rafael León por un periodo de un año, mientras continúa el proceso penal.

En conferencia de prensa, la fiscalía aseguró que la investigación se lleva a cabo con respeto al debido proceso y a la libertad de expresión. Destacó que la institución actúa con objetividad y bajo supervisión judicial, aunque no volvió a mencionar el delito de terrorismo que originalmente se había incluido en la imputación.

Claudia Sheinbaum insistió en que la fiscalía debe aclarar por qué se utilizó inicialmente esa figura penal y, en caso de que existan delitos comprobables, explicarlos con claridad. “Primero, garantizar la libertad de expresión por encima de todo”, subrayó.

Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Inicialmente, la FGE lo señaló como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

La detención del periodista fue condenada por la organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión, que advirtió sobre el impacto de este tipo de casos en el ejercicio periodístico. La organización señaló que el uso del sistema penal contra comunicadores genera un efecto inhibidor, especialmente en contextos de violencia y presencia del crimen organizado, y calificó la acusación como un abuso incompatible con una democracia.