La Fiscalía Europea abrió una segunda investigación por un posible fraude en el uso de fondos de la Unión Europea destinados al mantenimiento y modernización de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, en España, donde un accidente ocurrido el pasado 28 de octubre dejó 69 personas fallecidas.

La indagatoria busca determinar si los recursos asignados para renovar la infraestructura y mejorar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones fueron utilizados correctamente o si existieron irregularidades en su manejo.

Como parte de las diligencias, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron este viernes a las sedes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas para solicitar documentación relacionada con las obras y los recursos destinados a la vía.

La investigación fue iniciada por iniciativa propia de la Fiscalía Europea y cuenta con el apoyo de las autoridades españolas. El organismo confirmó las actuaciones, aunque señaló que por el momento no proporcionará más detalles sobre el caso.

El accidente más reciente ocurrió cerca de Urda, en la provincia de Toledo, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron. De acuerdo con las primeras indagatorias, una falla informática obligó a detener varias unidades y posteriormente se habría emitido una instrucción equivocada desde el centro de control de Madrid para que uno de los trenes reanudara su marcha a velocidad normal.

Este siniestro no es el primero que involucra a la misma línea durante 2026. En enero, otro accidente ferroviario cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejó 46 personas fallecidas, por lo que la Fiscalía Europea ya había iniciado una investigación sobre el posible uso irregular de recursos comunitarios destinados al mantenimiento de esa infraestructura.

Ambas investigaciones económicas avanzan por separado de los procedimientos judiciales abiertos en España para esclarecer las causas de los accidentes y determinar posibles responsabilidades penales.