El estado de Florida presentó una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, al acusarlos de haber engañado al público sobre los niveles de seguridad de ChatGPT y de permitir interacciones que, según las autoridades, habrían contribuido a situaciones de violencia, autolesiones y afectaciones a la salud mental de menores de edad.

La acción legal fue anunciada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien interpuso la demanda ante un tribunal estatal. Con ello, Florida se convirtió en la primera entidad de Estados Unidos en emprender una acción judicial de este tipo contra la empresa desarrolladora de inteligencia artificial, tras una investigación iniciada en abril pasado.

De acuerdo con el documento, las autoridades estatales sostienen que ChatGPT proporcionó información a personas que posteriormente participaron en hechos violentos, entre ellos un tiroteo ocurrido el año pasado en una universidad de Tallahassee. La demanda también señala que la plataforma habría ofrecido orientación relacionada con autolesiones y generado patrones de uso adictivo entre jóvenes usuarios.

Durante una conferencia de prensa, Uthmeier explicó que Sam Altman fue incluido personalmente en la demanda debido a que, según el fiscal, desempeñó un papel clave en el desarrollo y promoción de algunas de las funciones de la plataforma cuestionadas por el estado.

“Hay personas que están resultando heridas, los padres están siendo engañados, y ellos deben pagar por ello”, declaró el funcionario.

La demanda busca una compensación económica que podría ascender a miles de millones de dólares, además de una orden judicial que obligue a OpenAI a modificar la manera en que sus sistemas interactúan con usuarios menores de edad.

El caso surge meses después de que la oficina del fiscal general anunciara una investigación sobre el posible papel de ChatGPT en un tiroteo masivo registrado en 2025 en la Universidad Estatal de Florida. Según Uthmeier, los fiscales revisaron conversaciones sostenidas entre el presunto agresor y el chatbot antes del ataque.

Hasta el momento, OpenAI no ha emitido una respuesta pública específica sobre la demanda. Sin embargo, la compañía ha sostenido previamente que sus modelos están diseñados para rechazar solicitudes que puedan facilitar actos de violencia y que cuenta con mecanismos para alertar a las autoridades cuando detecta conversaciones que representen un riesgo inminente y creíble para terceros.

La empresa también ha señalado que trabaja con especialistas en salud mental para evaluar situaciones complejas y fortalecer sus protocolos de seguridad.

La demanda de Florida se suma a una creciente ola de litigios contra compañías de inteligencia artificial en Estados Unidos. Diversos demandantes han acusado a desarrolladores de chatbots de no prevenir interacciones que, presuntamente, contribuyeron a problemas de salud mental, autolesiones o conductas violentas.

El proceso podría convertirse en un caso de referencia para definir las responsabilidades legales de las empresas de inteligencia artificial respecto al comportamiento de sus usuarios y los mecanismos de protección dirigidos a menores de edad.