Las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo sobre una supuesta auditoría “seria” realizada por un auditor internacional independiente al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fueron puestas en tela de juicio.

De acuerdo con Michael W. Mackey, el auditor contratado entre 1998 y 1999 para evaluar los pasivos del rescate bancario, las revisiones realizadas estuvieron lejos de ser una auditoría financiera formal.

En un informe entregado al Congreso, Mackey detalló una serie de obstáculos y restricciones al acceso a la información impuestos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el propio Fobaproa y los bancos.

Esa falta de cooperación provocó retrasos importantes y limitó el alcance de la revisión, impidiendo que se le considerara una auditoría en el sentido estricto del término.

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“Los procedimientos realizados… no son suficientes para considerarlos una auditoría financiera del Fobaproa. Por lo tanto, no podemos expresar opinión alguna sobre los estados financieros o sobre su situación financiera”, se lee en el informe.

Mackey especificó que la renuencia a entregar información por parte de la CNBV y el Fobaproa generó retrasos de al menos tres meses.

Además, el secreto bancario impuso otra demora de tres meses. Incluso después de avanzado el trabajo de campo, se hizo evidente que las restricciones al acceso a la información eran mucho más graves de lo inicialmente previsto.

El auditor señaló que, si bien se les dio acceso a bancos formalmente intervenidos, los reguladores “restringieron severamente nuestro acceso a bancos intervenidos de facto”, a pesar de que estos representaban la mayor parte del sistema financiero y los costos potenciales del rescate.

Esas limitaciones llevaron a Mackey a concluir que el costo fiscal final del rescate bancario pudo haber sido subestimado y que la evaluación de la efectividad del régimen regulatorio pudo haber sido demasiado generosa.