Más de 200 familias que compraron terrenos en el desarrollo Paraíso Jurásico, en Tecate, Baja California, denuncian un presunto fraude inmobiliario que las dejó sin certeza legal sobre propiedades por las que han realizado pagos durante años.
Los afectados señalan a Inmobiliaria HASED, empresa que comenzó a ofrecer los lotes desde 2023 mediante publicidad, eventos y contratos de promesa de compraventa. Los compradores recibieron esquemas de pago con enganches y mensualidades, pero posteriormente descubrieron que los terrenos enfrentaban disputas de propiedad y que la inmobiliaria no contaba con títulos legítimos sobre las hectáreas que comercializaba.
Algunos compradores aseguran haber construido viviendas en los predios y posteriormente fueron desalojados. Otros encontraron los accesos al desarrollo cerrados y bajo vigilancia privada contratada por quienes aparecen como propietarios reconocidos de los terrenos.
Uno de los afectados señaló que el grupo de compradores está integrado por 233 personas. Varias continúan realizando pagos mensuales superiores a 400 dólares, sin conocer plenamente la situación jurídica de los predios.
Las denuncias también apuntan a otros desarrollos inmobiliarios. Investigaciones y testimonios de compradores señalan que el mismo esquema habría sido utilizado en proyectos como Residencial Jacarandas, Praderas Tijuana-Tecate y Paraíso del Mar 1 y 2, con más de mil 300 lotes presuntamente comercializados de manera irregular.
En el caso de Paraíso Jurásico, documentos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio señalan que los predios fueron registrados a nombre de un particular en noviembre de 2022. Los afectados sostienen que posteriormente la inmobiliaria presentó documentación con la que buscó acreditar derechos sobre los terrenos.
La controversia ya derivó en procesos judiciales y, en algunos casos, en la demolición de viviendas construidas por compradores. Las familias exigen que las autoridades investiguen a los responsables, esclarezcan la situación jurídica de los terrenos y eviten que más personas continúen pagando por propiedades cuya titularidad está en disputa.