Integrantes del Frente Nacional por las 40 Horas en Michoacán manifestaron su rechazo a la reforma laboral que reduce la jornada semanal de 48 a 40 horas, al considerar que el dictamen aprobado abre espacios para extender tiempos efectivos de trabajo y no garantiza dos días obligatorios de descanso por semana.

El Frente Nacional por las 40 Horas es un colectivo integrado por trabajadores, activistas laborales, sindicatos independientes y organizaciones civiles que desde 2022 impulsan una reforma constitucional para establecer una jornada máxima de 40 horas semanales con dos días de descanso obligatorios. El movimiento ha organizado movilizaciones en distintas entidades del país, incluido Michoacán, y ha promovido foros y posicionamientos públicos dirigidos al Congreso de la Unión.

En el caso de Michoacán, representantes del Frente señalaron que la redacción de la reforma aprobada permite esquemas de compensación de horas extraordinarias que, en la práctica, podrían derivar en jornadas acumuladas de hasta 12 horas semanales adicionales antes de que se active el pago triple. También advirtieron que el segundo día de descanso no queda establecido como obligatorio, sino sujeto a acuerdos o disposiciones patronales, lo que consideran una limitación frente a la demanda original del movimiento.

El Congreso local avaló la reforma como parte del proceso de armonización derivado de la modificación constitucional federal, la cual requiere la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. La reforma establece la reducción de la jornada laboral semanal, pero deja a la legislación secundaria la definición de mecanismos operativos y plazos de implementación.

El Frente en Michoacán sostuvo que, de no garantizarse de manera explícita dos días consecutivos de descanso y una reducción efectiva de la carga laboral, impulsarán la propuesta de una jornada de 35 horas semanales como nuevo planteamiento dentro de su agenda nacional. Asimismo, anunciaron que continuarán con acciones informativas y de organización en centros laborales para dar seguimiento a la implementación de la reforma.