A casi dos años de su asesinato, la justicia para Frida Santamaría y su familia no ha llegado. Presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y una sentencia federal que exige que el caso se juzgue como un feminicidio, son algunos de los elementos detrás del juicio que aún no termina por resolverse.

Frida Santamaría, de 24 años, fue asesinada a quemarropa por Juan Paulo “N”, un joven con quien sostenía una relación sentimental, quien le disparó en una fiesta familiar el 18 de junio de 2022, en el municipio de Sahuayo.

A pesar de que Juan Paulo fue detenido y, en un inicio, juzgado por el delito de feminicidio en contra de la joven fisioterapeuta, en enero de 2023 fue puesto en libertad luego de que un juez de control aceptó un amparo promovido por el imputado, en donde reconoció su culpabilidad en el asesinato, pero justificó la acción como un accidente.

El delito por el que se le perseguía fue cambiado de feminicidio a homicidio doloso y, por medio de un juicio abreviado, el asesino fue puesto en libertad luego de pagar la fianza correspondiente, ya que el juez a cargo del caso consideró que no había motivos para que se mantuviera en prisión.

Tras un año de lucha, jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocieron la violación a los derechos humanos de Frida y sus familiares, ante la reclasificación del delito, además señalaron que, tanto jueces como ministerios públicos, actuaron de manera ilícita en favor del imputado.

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Debido a ese antecedente, la familia Santamaría continúa en la espera de que se haga efectiva una nueva orden de aprehensión en contra de Juan Paulo “N” por el delito de feminicidio, mientras que los tribunales locales resuelven un nuevo amparo promovido por la defensa del presunto feminicida.

La madre de Frida, Patricia, aseguró que en este caso se observa como la corrupción está metida de fondo en las instituciones que deben procurar la justicia para la población, ya que resaltó que desde que el fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Michoacán, Jorge Alberto Camacho Delgado, tomó el caso, todas las pruebas y el proceso en contra de Juan Paulo se fueron para abajo.

“Una vez más se nos revictimiza, porque para que este proceso camine debemos volver a presentar pruebas, armar el caso, todas las cosas que ellos ya tienen, no podemos entenderlo de otra forma que no sea un acto de corrupción”, lamentó.

A su familia aún le preocupa que actores políticos, como el padre de Juan Paulo, Alejandro Amezcua, expresidente municipal de Sahuayo de Morelos del 2008 al 2011, quien presuntamente busca la reelección como alcalde, interfieran en el caso de nueva cuenta, por lo que exigen que, en lo consiguiente, la investigación y posible juicio se desvincule de las fiscalías regionales y se arrope en la ciudad de Morelia.